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Boletín de noticias 1 de diciembre de 2011
EL ESPECTADOR
EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE
Editorial
El 20 de mayo de 1997 la Corte Constitucional profirió una sentencia altamente controvertida que respondía a una demanda de constitucionalidad sobre la viabilidad de eliminar del ordenamiento jurídico el delito por homicidio pietístico o por piedad.
Este tipo penal castiga a la persona que mate a otra para poner fin a intensos sufrimientos o dolores derivados de alguna lesión o enfermedad terminal. Si bien es cierto que la norma plantea una sanción atenuada, la Corte, valiéndose de un riguroso análisis, condicionó la aplicación de esa sanción para exceptuarla en unos casos determinados.
El debate de hace 14 años cobra relevancia esta semana por el caso que los medios publicamos de la muerte de Consuelo Devis Saavedra, hija del profesor Hernando Devis Echandía (prominente jurista del Derecho Procesal Civil y Probatorio colombiano), esposa de Jaime Arrubla (magistrado de la Corte Suprema de Justicia y académico destacado en los últimos años) y quien, como si se tratara de una paradoja de mal gusto, estuvo en coma los mismos 14 años de la vigencia del fallo.
Consuelo Devis tuvo un accidente de tránsito que la dejó en cuidados intensivos durante casi tres semanas con un diagnóstico optimista: podía mover la mitad del cuerpo y acariciar a sus hijos, tal y como lo reveló el magistrado. Sin embargo, algún tiempo después, contrajo meningitis y todas las esperanzas murieron a su paso; el doctor dijo que no se recuperaría. De ahí en adelante fue un calvario, como las duras palabras de Arrubla lo atestiguan: los días de la madre, los cumpleaños, las vacaciones, los sueños intranquilos, las noticias del mundo comunicadas con una total incertidumbre, entre muchas otras, eran el drama de cada día.
Drama que refleja el vacío legal que existe en la materia. Es cierto que la Corte en su sentencia C-239/97 dio muchas luces sobre el tema. Dijo, entre otras cosas, que la vida digna (entendiéndose el valor de la dignidad como el más importante de nuestro ordenamiento) comprende, pues, el derecho a morir dignamente. A propósito de terminar la vida de alguien teniendo como razón sus intensos sufrimientos por cuenta de una lesión o enfermedad terminal, la Corte contrasta de la siguiente forma el derecho inviolable (mas no absoluto, ni sagrado) a la vida con el de la dignidad: “no se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico”. Es decir, desde una perspectiva constitucional, el respeto por el derecho tiene ciertos límites que el Estado no puede traspasar por medio de las sanciones.
Pese a la posición vanguardista de la Corte y a que en el segundo punto de su parte resolutiva exhorta al Congreso para que regule el tema, hoy día tenemos un vacío legal muy grande. Algo se está hablando de un proyecto sobre enfermos terminales que prohíbe el “ensañamiento terapéutico” (la forma en la que se preserva la vida a toda costa, pese a las circunstancias adversas), que es como Arrubla calificó buena parte del accionar de los médicos tratantes de su esposa, pero faltan regulaciones para las personas en estado de coma y otras más especiales.
Una regulación del tema está pendiente. Hay que dejar a un lado las consideraciones religiosas que ven la vida como un bien ajeno al individuo y entrar en un sendero mucho más pluralista que permita que se hagan excepciones más específicas al homicidio por piedad. De esta forma, y no de ninguna otra, podría ponerse fin a dramas que, como el de Consuelo Devis, se repiten a diario en el país.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD SERÍAN 'PERDONADOS' EN MARCO PARA LA PAZ
Advierten que un caso como el del asesinato de cuatro uniformados secuestrados podría ser objeto de la renuncia a la acción penal contra los responsables. El autor desmiente esa posibilidad.
Gobierno no permitirá que futuros desmovilizados participen en política
La comisión primera del Senado inició la discusión del proyecto de marco legal para la paz que está en trámite.
La iniciativa, que busca establecer las ‘herramientas’ para futuras desmovilizaciones y un eventual proceso de paz en Colombia, habla de fijar la justicia transicional para quienes quieran dejar las armas de los grupos armados ilegales y se reincorporen a la vida civil.
Frente al tema, el representante liberal Guillermo Rivera Flórez dijo que el proyecto es “abiertamente inconstitucional” toda vez que el Estatuto Penal Internacional hace parte del bloque de constitucionalidad de Colombia y éste prohíbe que se renuncie a la acción penal para los delitos considerados internacionales que son los de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
“Este proyecto plantea la posibilidad de una renuncia a la acción penal de manera genérica y no excluye ese tipo de crímenes, por lo tanto, sería un nuevo artículo constitucional que iría en contravía de un artículo que por el bloque de constitucionalidad hace parte de nuestro ordenamiento jurídico”, explicó.
En ese sentido, el legislador dijo que en hechos como los del pasado sábado, cuando las Farc asesinaron a cuatro uniformados que mantenían en cautiverio, se renunciaría a la acción penal de los responsables de ese crimen.
El autor del proyecto, el senador Roy Leonardo Barreras, defendió la iniciativa en desarrollo de su discusión y desmintió cualquier posibilidad de que los crímenes de guerra sean objeto de una cesación de la acción penal.
El congresista recordó que su proyecto buscar darle estabilidad jurídica a las futuras desmovilizaciones y que llegue a su final el conflicto armado en el país.
Para este miércoles se espera la votación en tercer debate del proyecto, del cual, el Gobierno ya anunció su respaldo.
POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD HABRÍA SUSPENSIÓN DE LAS PENAS
Así lo aprobó en tercer debate el Senado en el marco legal para la paz. Además, no se cerró la puerta de manera definitiva a que tengan vocería política.
La comisión primera del Senado de la República aprobó la tarde de este miércoles en tercer debate el proyecto de reforma constitucional de ‘marco legal para la paz’.
Con los tiempos ajustados, la corporación avanzó en la aprobación de esa iniciativa que busca establecer las ‘herramientas’ para eventuales futuros procesos de paz y desmovilizaciones. De manera unánime, con diez votos a favor, la comisión lo aprobó.
Sorprendió que dentro del proyecto aprobado para los casos de lesa humanidad y crímenes de guerra se permitirá una eventual suspensión de la pena.
El autor del proyecto, el senador Roy Leonardo Barreras, dijo que aunque esos delitos tendrán necesariamente investigación y sanción, y no habrá perdón y olvido, sí existirán mecanismos de justicia transicional.
“Se aplicaría el principio de oportunidad o la suspensión de la pena, según lo autorice el Congreso en una ley que deberá presentar el Presidente de la República en el momento en el que valga la pena echar a andar un proceso de paz”, dijo.
“Se podría aplicar una disminución de la pena, suspensión de la pena o renuncia a la acción penal dependiendo de la selección de los casos más graves y los menos graves…habrá momentos donde la pena es plena, otros donde habrá reducción de la pena y otros donde aunque habrá pena se suspende y no se aplica”, explicó.
Y aunque se pensó que de manera definitiva los futuros desmovilizados no podrían “nunca” acceder a la política, Barreras señaló que pese a que “hoy la guerrilla no merece un beneficio político”, si más adelante decide hasta liberar a los secuestrados, “se volvería a retomar el tema”.
“La paz final consiste en que la voz de los fusiles se cambie por la voz de la democracia…lo que pasa es que hoy las Farc no se la merecen”, destacó.
A su turno, el Gobierno Nacional defendió con contundencia la búsqueda del marco legal para la paz.
El alto consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, en la sesión de la comisión primera del Senado dijo que “debido a la inestabilidad jurídica que ha sufrido el proceso de reintegración que se dio con las Autodefensas, estamos enfrentando un gran reto para la paz de Colombia”.
Según él, por esa misma inestabilidad “hay personas que se quieren desmovilizar y lo están dudando porque temen que si se entregan puedan ir derecho a una cárcel”.
Por eso, Eder defendió la iniciativa que está en trámite y manifestó que “hay que entender también que si lo que nosotros queremos es una Colombia en paz, el costo de la paz es un costo alto que debemos pagar”.
En ese sentido, el consejero citó los casos de Libia, Egipto y Túnez que “pagarán costos” para no procesar a todas las personas que delinquieron durante las dictaduras de esos países.
Y recordó: “en las prácticas del Derecho Internacional siempre la idea es perseguir a los máximos responsables y buscar soluciones o penas no judiciales para los rasos que normalmente son inmersos en procesos de reintegración para llevar del conflicto a la paz”.
“En Colombia todavía queda la violencia, todavía quedan miles por personas por salir del conflicto y la credibilidad nuestra como Estado y como sociedad es clave para poder hacer esa transición de la guerra a la paz”, sentenció.
El proyecto deberá ser aprobado en su cuarto de ocho debates antes del próximo 16 de diciembre porque de lo contrario se hundiría la iniciativa.
MINISTERIO DEL INTERIOR RECHAZA SEÑALAMIENTOS SOBRE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
Frente al caso de uno de los testigos del Palacio de Justicia, el Ministerio aplicará "la suspensión" de las medidas de protección a Edgar Villamizar.
Piden investigar al Ministerio del Interior por 'obstruir' proceso del Palacio de Justicia
Se espera testimonio de testigo clave en el proceso del Palacio de Justicia
En un comunicado de cinco puntos, el Ministro de Interior rechazó los cuestionamientos hechos por la defensa de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia sobre una posible "obstrucción a la justicia" en el proceso que se adelanta contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano.
Según el comunicado, el cabo (r) Edgar Villamizar Espinel, considerado uno de los principales testigos en este caso, se encuentra vinculado desde el pasado 9 de junio al programa de protección de la Direccion de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por solicutd de la Procuraduría General.
Sin embargo, se aclara que pese a las citaciones que le ha hecho el juzgado 55 penal de Bogotá para que se presente como testigo en el proceso que se adelanta contra cinco militares por los desaparecidos del Palacio, "el programa de protección no tiene facultades de policía para constreñir a un protegido a asistir a las diligencias que lo citen, ya que la naturaleza de la protección versa sobre sus derechos a la vida, seguridad, integridad y libertad".
Igualmente se señala que se ha comunicado al despcaho judicial que se han realizado todas las gestiones para comunicar las citaciones judiciales al protegido e incluso se aplicará la suspensión de las medidas de protección por la renuencia a los requerimientos de las autoridades.
Comunicado completo:
El Ministro de Interior se permite informar a la opinión pública que:
1. El programa de protección de la Direccion de Derechos Humanos del Ministerio del Interior vinculó a un esquema móvil de protección al señor Edgar Villamizar (testigo caso Palacio de Justicia) por solicitud de la Procuraduría General de la Nacion desde el 09 de junio de 2011.
2. El Ministerio del Interior ha comunicado los requerimientos judiciales al señor Edgar Villamizar, tanto así que el día 16 de junio del presente año la Fiscalía General de la Nación accedió y realizó entrevista al protegido.
3. Que al señor Édgar Villamizar se le han comunicado y trasladado, por intermedio de su esquema de protección, las citaciones judiciales respectivas y se le ha instado a acudir a las instalaciones del Ministerio.
4. El programa de protección no tiene facultades de policía para constreñir a un protegido a asistir a las diligencias que lo citen, ya que la naturaleza de la protección versa sobre sus derechos a la vida, seguridad, integridad y libertad.
5. El Ministerio reitera que ha realizado todas las gestiones para comunicar las citaciones judiciales al protegido e incluso se aplicará la suspensión de las medidas de protección por la renuencia a los requerimientos de las autoridades.
EL ORIGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por: Rodolfo Arango
La historiadora Florence Gauthier sostiene que los derechos humanos aparecen en la historia más temprano de lo pensado. No sería en el siglo dieciséis, en los inicios de la modernidad, sino en los siglos once y doce, con las revoluciones campesinas, cuando la humanidad habría ganado la conciencia de los derechos humanos.
Los campesinos se habrían resistido a la arbitrariedad de los poderosos ya en la Edad Media. Las revoluciones inglesa, francesa y americana habrían sido sólo desarrollos posteriores de la idea de los “derechos naturales”. No pararon ahí los hallazgos presentados por la profesora de la Universidad París Diderot. Un segundo aporte lo relacionó con la defensa que Bartolomé de las Casas hiciera de la población indígena, explotada y sometida por el desenfreno de los señores coloniales. Recordó Gauthier que Las Casas arribó a América en calidad de colono esclavista que, con la evidencia del sufrimiento de los naturales del nuevo reino, se convirtió en el mayor luchador de la causa indígena ante la corona española y la iglesia de Roma.
Las tesis de la historiadora Gauthier no dejan de ser inquietantes. El origen de los derechos humanos no reposa tanto en la razón humana sino en la sensibilidad frente al sufrimiento. La posterior apropiación del discurso de los derechos por parte de iusnaturalistas defensores de las libertades individuales habría sido ideológica, negadora del origen colectivo de los derechos. Las Casas, ya convertido en fraile dominico, mostró gran sensibilidad que le permitió apostatar del oficio de encomendero, para tornarse vocero de los oprimidos. Su revolución más que armada fue humanística. Se permitió poner en duda las fronteras cognitivas de la época, que situaban a los indígenas como especie inferior destinada a servir y pagar tributo a los señores de turno.
La reivindicación del derecho “natural” no parece necesaria para oponerse al reduccionismo del pensamiento positivista contemporáneo. Valioso en los análisis de la historiadora francesa es el binomio sufrimiento/resistencia colectiva que aflora en la base de la tradición de los derechos humanos. La inconmensurabilidad del dolor no permite una cuantificación por “expertos” ni la administración por el Estado. Tras los derechos humanos late la indignación de todos los inconformes con la injusticia social existente.
Hoy en día la tensión entre acumulación de riqueza a expensas de otros y respeto a los derechos humanos se mantiene, aunque bajo otras formas. Las constituciones, con sus pletóricas declaraciones de derechos, no pueden contener la voracidad del capital financiero, dispuesto a engullirse todo lo que esté a su alcance. La década de 1990 en Latinoamérica ha sido un buen escenario del fenómeno: ambiciosas cartas de derechos se incorporan a las constituciones nacionales al tiempo que se privatiza la prestación de los servicios públicos necesarios para satisfacer dichos derechos. La ideología neoliberal desvertebra las funciones del Estado social. Lo desfigura hasta hacerlo irreconocible. La movilización colectiva en pos de una vida más satisfactoria puede no obstante llevar a grandes trasformaciones, incluso contra la voluntad de los defensores del orden establecido. Sensibilizarse, organizarse y desafiar creativamente las fronteras cognitivas y políticas parece ser lo que aconseja la experiencia histórica de los derechos humanos.
UN MARCO JURÍDICO PARA RENUNCIAR A LA JUSTICIA
Por: Gustavo Gallón
El proyecto de reforma constitucional para prever un “marco jurídico para la paz”, promovido por el senador Roy Barreras y el Gobierno, es una propuesta bien intencionada pero equivocada. En aras de facilitar negociaciones de paz, autoriza al Gobierno a conceder amnistías encubiertas para graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario.
No las llama amnistías, sino “renuncia a la persecución penal o suspensión de la ejecución de la pena”. El derecho internacional ha esclarecido que se puede reducir la sanción por delitos atroces, pero los otros tres elementos que integran el derecho a la justicia tienen que ser garantizados: la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. No basta, como dice el proyecto, que los crímenes graves cometidos por las guerrillas den lugar a medidas de “justicia transicional”, como un informe de una “Comisión de la verdad”, o decisiones de reparación administrativa. Menos aceptable es que los militares que hayan violado los derechos humanos sean amnistiados, tal vez para compensarlos por la negociación de la paz.
Este proyecto se tramita como reforma constitucional, con lo cual la Corte quedaría maniatada para anularla. Pero los principios internacionales han calado hondo en la rama judicial y en la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, desde el ángulo jurídico, y también desde el político y social, la controversia y la resistencia a esta iniciativa pueden hacerla inoperante.
Para que un proceso de paz funcione es esencial que sea genuino. Si lo es, como lo fueron los celebrados en Colombia en los noventa, será bienvenido por la mayoría de la sociedad, y se encontrarán las fórmulas jurídicas adecuadas para encauzarlo. Si no es genuino, como no lo fue el proceso de los paramilitares en el Gobierno anterior, no habrá fórmula jurídica que valga para su aceptación nacional e internacional.
Un proceso con las Farc y el Eln tiene que implicar su reconocimiento de que han causado graves daños a la sociedad, que están dispuestos a repararlos y que sus principales dirigentes aceptan sufrir una sanción por ello. Es obvio que en principio dichos grupos no aceptarán tales condiciones, pero también es obvio que un acuerdo de paz que ignore los derechos de las víctimas no será bien recibido por la sociedad colombiana ni por la institucionalidad internacional de derechos humanos, incluidas la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual hará frágil o artificial la paz que así se consiga.
En vez de ver los derechos humanos como un obstáculo para la paz, debería valorarse la capacidad que tendría una política seria de derechos humanos por parte del Gobierno para generar confianza en relación con un eventual acuerdo de paz. En igual sentido operaría un compromiso de los grupos guerrilleros con el derecho humanitario. Es un camino difícil, pero es mucho más seguro que la fórmula simplista de la impunidad. Cualquier duda al respecto debería desvanecerse ante hechos tan execrables como el asesinato de los cuatro miembros de la fuerza pública la semana pasada, estando vilmente secuestrados hasta por catorce años.
GOBIERNO DENUNCIA QUE SE ESTÁN "PRE-FABRICANDO" VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, así se pronunció al ser preguntado por el caso descubierto por la Fiscalía en Las Pavas.
El Gobierno Nacional reprochó con vehemencia el caso de las ‘falsas víctimas’ de desplazamiento que descubrió la Fiscalía General de la Nación en Las Pavas.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que es “inaceptable” que se construyan víctimas del conflicto que sufre el país.
“En algunos casos se estaban pre-fabricando víctimas de desplazamiento y de hechos que no lo fueron para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones”, denunció Vargas al ser consultado por los periodistas.
Frente a posibles ONG relacionadas con esos hechos fraudulentos, el jefe de la cartera política señaló que “para haber procedido en esta forma, creo que la Fiscalía tiene un acerbo probatorio que va a permitir descubrir todo”.
“Son hechos que surgen de investigaciones de la Fiscalía que en el caso de confirmarse serían inaceptables”, añadió.
Sin embargo, Vargas pidió no desconoce que sí hay víctimas y consideró importante “apoderarlas para que reclamen sus derechos”.
La mañana de este jueves, la fiscal General, Viviane Morales señaló que en los últimos meses se han recaudado documentos y pruebas testimoniales que permiten inferir que el desplazamiento d la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, sería un montaje, realizado por un grupo de campesinos y una ONG de la región que buscaba beneficios económicos.
La jefa del ente investigador señaló que en la revisión practicada por una fiscal de Cartagena se pudo presenciar que la persona que había puesto la denuncia en 2009 sobre el desplazamiento a manos de grupo de paramilitares se retractó en junio de este año.
“No hubo un desplazamiento, existen documentos que han permitido comprobar que un grupo de personas estaban negociando el tema del desalojo y estaban fijando el 40% de un acuerdo comercial por el tema de las tierras”, precisó la fiscal General en entrevista con Caracol Radio
EL NUEVO SIGLO
PROCURADURÍA VIGILARÁ ARBITRAJE DE ENTIDADES DEL ESTADO
Es “conveniente asegurar la participación del Ministerio Público en procura de la defensa del orden jurídico” y “del patrimonio público”: ponentes.
“El ministerio Público está facultado para actuar en los procesos arbitrales y en los trámites de amigable composición en los que intervenga una entidad pública, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. A dicho propósito el centro de arbitraje informará a la Procuraduría General de la Nación sobre la fecha en la que se realizará la instalación del respectivo tribunal”.
Así está consignado en el artículo 49 de una iniciativa gubernamental que fue aprobada esta semana por la Comisión Primera del Senado y que pretende crear un instrumento normativo encaminado al fortalecimiento del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias.
Se trata del proyecto de Ley 18 de 2011 Senado, “por medio del cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, radicado el 26 de julio por el ministro del Interior Germán Vargas, y cuyo grupo de ponentes, coordinado por el senador Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, está integrado por Hernán Andrade, del Partido Conservador; Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Hemel Hurtado, del Partido de Integración Nacional (PIN); Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático; y Jorge Eduardo Londoño, del Partido Verde.
“Si bien es cierto que la amigable composición es un mecanismo estrictamente contractual y no jurisdiccional de solución de controversias, resulta conveniente asegurar la participación del Ministerio Público en procura de la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales, al igual que se prevé para el arbitraje”, sostuvieron los ponentes en el informe votado.
“Un fortalecimiento del arbitraje en Colombia, tanto nacional como internacional, conllevaría a una inminente mejora de nuestro país en los diferentes índices internacionales en relación con la seguridad jurídica ofrecida a inversionistas nacionales e internacionales y el mejoramiento del clima de inversión”, aseguraron los congresistas.
También consideran que el arbitraje juega un papel preponderante dentro del proceso de globalización de la economía colombiana, así como en la atracción de inversión extranjera y el aumento de la inversión nacional, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley tiene como objeto dotar de seguridad jurídica a los operadores y usuarios del arbitraje.
“El arbitraje es un instrumento muy importante de descongestión en materia judicial y también apunta a dar seguridad jurídica en la resolución de conflictos. Por medio de este proyecto se reduce enormemente el tiempo del que disponen los árbitros para resolver los conflictos y se les otorgan, a estos, nuevas facultades”, explicó el ministro Vargas.
Esta iniciativa, que pasa a segundo debate en la plenaria del Senado, introduce el uso de las nuevas tecnologías, además contempla que los centros de arbitraje que cuenten con plataformas tecnológicas realicen audiencias virtuales y lleven los expedientes en formato digital.
El proyecto también prevé reducir los costos a través de las tarifas que cobran los árbitros, con el propósito de masificar el arbitramento como un sistema de resolución de conflictos.
El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes aceptan la intermediación de un tercero (árbitro) para la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la Ley autorice.
En el texto del proyecto se equiparan las entidades públicas a las personas que desempeñan funciones públicas, y se equilibra el derecho de postulación entre la jurisdicción ordinaria y la justicia arbitral, con tal manera de acabar con el desequilibrio o trato diferencial hoy existente, y que consiste en permitir la intervención directa de las partes en la justicia arbitral para aquellos procesos cuya cuantía no supere 400 salarios mínimos legales vigentes.
Con la norma propuesta se iguala la regulación con el tratamiento del Código Procedimiento Civil para los casos en los que no se requiere abogado. En otras palabras, si la controversia puede adelantarse en la justicia ordinaria, sin necesidad de concurrir a través de apoderado, el proceso arbitral las partes podrán adelantarlo en las mismas condiciones, es decir, sin la obligatoria intervención de un abogado.
En cuanto al pacto arbitral, y para efectos de claridad, se incluyó un inciso, según el cual se establece la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.
REVISTA SEMANA
MININTERIOR NIEGA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA, TRAS RECLAMO DE FAMILIAS DE VÍCTIMAS DEL PALACIO DE JUSTICIA
En la noche de la toma, el Palacio de Justicia ardió en llamas. El fuego a su paso dejó decenas de cuerpos carbonizados. Un abogado que representa a algunas de las víctimas hizo la solicitud porque el ministerio no ha trasladado al testigo clave a las audiencias.
La ausencia en por los menos siete oportunidades del cabo en retiro Édgar Villamizar Espinel, testigo clave en el caso del Palacio de Justicia en las audiencias que se adelantan en este proceso, generó este miércoles la reacción de las víctimas.
Jorge Molano, abogado de los familiares de los desparecidos, pidió al juez 55 penal de Bogotá que se abra investigación contra del ministerio del Interior y la Procuraduría porque -según el jusrista- la cartera no ha trasladado a Villamizar a las citas establecidas por la justicia.
"Es necesario investigar si tanto el ministerio del Interior como la Procuraduría están obstruyendo el proceso al no atender las solicitudes del juez para hacer el traslado del testigo", señaló el abogado.
Ante tales señalamientos, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, aseguró que a Édgar Villamizar "se le han comunicado y trasladado, por intermedio de su esquema de protección, las citaciones judiciales respectivas y se le ha instado a acudir a las instalaciones del Ministerio".
Pero advierte que "el programa de protección no tiene facultades de policía para constreñir a un protegido a asistir a las diligencias que lo citen, ya que la naturaleza de la protección versa sobre sus derechos a la vida, seguridad, integridad y libertad".
El Ministerio del Interior reitera que "ha realizado todas las gestiones para comunicar las citaciones judiciales al protegido e incluso se aplicará la suspensión de las medidas de protección por la renuencia a los requerimientos de las autoridades".
FISCALÍA DICE QUE HAY VÍCTIMAS FALSAS EN CASO LAS PAVAS
La Fiscalía afirma que “nunca las AUC del Bloque Central Bolívar, ni ningún otro bloque o comando" llegó hasta los predios de la finca Las Pavas.
Unas 123 familias a las que les fue entregado el terreno con ese nombre, que queda en municipio de El Peñón, en el sur de Bolívar, fueron acusadas por el ente acusador de realizar un "montaje" para apropiarse del predio.
En una nueva acusación de fraude contra el Estado contra presuntas falsas víctimas de la violencia, que se les señala de obtener beneficios irregularmente, fue revelado en la noche del miércoles en un escrito de la Fiscalía General de la Nación en el caso de la hacienda Las Pavas, que les fue entregada transitoriamente a 123 familias campesinas por la Corte Constitucional.
Los labriegos, representados por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), habían argumentado que esa comunidad había sido obligada a dejar las tierras al verse desplazada y despojada por narcotraficantes, paramilitares y empresas palmeras.
La hacienda de 1.223 hectáreas, previamente, se encontraba en proceso de extinción de dominio solicitada por Asocab en 2006 ante el Incoder sobre la extensión de tierra “a causa de su estado de abandono y que su propietario no ejercía actos de dominio ni de explotación económica”.
Se argumentó en ese momento que las familias campesinas habían hecho posesión y habían puesto en producción gran parte de la propiedad.
Fue así que obtuvieron del alto tribunal el disfrute del terreno luego de que se le hubiera ordenado al Ministerio de Agricultura y al Gobierno “que las normas en procesos agrarios respondan a los principios constitucionales y favorezcan a las poblaciones vulnerables y en situación de desplazamiento”.
Según dijo la Corte en su sentencia, las familias de Asocab no podían ser desalojadas de la hacienda Las Pavas hasta que no se definiera el proceso de extinción de dominio.
La acusación
Las indagaciones de la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, inician a partir de la denuncia de Pedro Moreno Redondo ante la Notaría Única de El Peñón, en la que asegura estar “arrepentido” de haber declarado en un principio que la 131 familias eran desplazadas.
Dice la funcionaria que Moreno “guardó silencio por muchos años, pero que no resistía el temor y la mentira, pidiendo perdón, que incurrió en un falso testimonio ante las autoridades, que nunca hubo ese desplazamiento, como tampoco hubo asentamiento de esas familias en los predios de la finca Las Pavas".
En el escrito afirma que “nunca las AUC del Bloque Central Bolívar, ni ningún otro bloque o comando" llegó hasta los predios de la finca Las Pavas, versión que adjudica al dueño de una finca de la región y añade que tales agresores no habrían ocasionado “desplazamiento a ninguna persona, esto es a sus trabajadores”, en referencia a los declarados como desplazados.
Martínez manifiesta que en 2009 hubo una orden de desalojo judicial en contra de los ocupantes que permanecían en Las Pavas, propiedad de Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien los campesinos testimoniaron que era testaferro del capo Pablo Escobar.
La Fiscalía hace el recuento documental previo al proceso de extinción de dominio que pretendió llevar a cabo Asocab, y señala que buscaron gestionar a través del Incoder la compra del terreno ofreciendo pagar cerca de la mitad y la parte restante fuera costeada por la entidad para ser repartida entre las familias.
Allí expresa el ente acusador que en esos registros los campesino jamás “hablan o denuncian o ponen en conocimiento de aquellos funcionarios del Incoder o Incora, que eran campesinos desplazados de la Hacienda Las Pavas, por las amenazas de los paramilitares”.
Agrega luego que “estamos hablando del año 2006 donde las primeras gestiones obedecían a una compra directa de la finca por Asocab; como tampoco de que esas tierras estaban abandonadas y por lo tanto explotadas por ellos, no existiendo ningún documento que así lo hayan declarado”.
Tras estas argumentaciones, la Fiscalía ordenó compulsar copias para investigar bajo el cargo de fraude procesal a los representantes y directivas de Asocab, así como de las ONG que actuaron en su favor.
“Nos encontramos ante la presencia de un falso desplazamiento forzado, denunciado por las ONG nacionales e internacionales a favor de los miembros de Asocab. En este caso, sucedió todo lo contrario”, puntualizó la fiscal Martínez.
SANTOS LE PIDE AL CONGRESO QUE NO DEJE HUNDIR LA REFORMA A LA JUSTICIA
Si esta semana no se aprueba en el tercer debate, se hundirá. El presidente de la República calificó el proyecto como "un paso importante en la dirección correcta".
Mientras la comisión primera de la Cámara de Representantes avanza a paso lento el tercer debate de la reforma a la Justicia, el presidente Juan Manuel Santos pidió al Congreso que no deje hundir el proyecto.
Si en la noche de este miércoles, o a más tardar el jueves, el proyecto no se aprueba, se hundirá por términos. Necesita que la Cámara de Representantes lo evacúe en dos debates antes del 16 de diciembre, pues una reforma constitucional como esta no se puede tramitar en sesiones extras.
La preocupación del Gobierno es que si se hunde por términos, queda imposibilitado de presentar un nuevo proyecto de reforma judicial hasta el 20 de julio del 2012, según lo establece la ley.
Santos dijo que el proyecto que actualmente discute el Congreso "no es la gran reforma", pero sí es "un paso importante en la dirección correcta".
Sin mencionar a ningún sector de forma directa, el mandatario dijo que el actual proyecto "es producto de un diálogo y una negociación". Estas son la primeras referencias del jefe del Ejecutivo tras la decisión del Consejo de Estado de apartarse del debate.
"Alguien decía que si todos salen insatisfechos, es la prueba de que fue un buen acuerdo. Con ese proyecto todo el mundo salió insatisfecho, pero fue producto de una negociación", insistió el presidente.
Santos también recordó que el trámite de la reforma es largo y quedan más de cuatro debates para alcanzar acuerdos y mejorar el proyecto, y les reiteró a los partidos políticos que ese fue el acuerdo pactado.
"En la Mesa de la Unidad con el Congreso se convino que en esta primera fase, que son los primeros cuatro debates, como había un tiempo tan estrecho para poder aprobar la Reforma, discutir muchos de los temas podría echar al traste todo, porque entonces se vencen los términos".
Santos insinuó que en el primer semestre del 2012 los debates serían más profundos. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes lleva dos días de debate y más de 15 con el proyecto. Se discuten dos ponencias, la del Gobierno, liderada por el representante liberal Orlando Velandia, y una ponencia alternativa presentada por los representantes Alfonso Prada y Germán Navas Talero.
Hasta el momento del nuevo pronunciamiento de Santos no se había aprobado ni uno solo de los 22 artículos del proyecto.
MANTIENEN INHABILIDADES A FUNCIONARIOS DE PARTICIPAR EN POLÍTICA
El Senado rechazó el proyecto que proponía que servidores públicos, como el presidente, alcaldes y gobernadores, entre otros, pudieran intervenir en campañas políticas.
El polémico proyecto que buscaba levantar algunas inhabilidades a funcionarios para participar en política no alcanzó el respaldo suficiente por los partidos políticos y se hundió en primer debate.
La comisión primera del Senado consideró que la redacción del proyecto era peligrosa y permitiría que mandatarios nacionales y locales pudieran cometer excesos si se les permitía intervenir en campañas políticas.
Además, el proyecto podría tener repercusiones favorables a servidores públicos que ya hubiesen sido destituidos por haber participado indebidamente en política.
La iniciativa, de autoría del senador Juan Carlos Rizetto (PIN), necesitaba el respaldo de 10 votos a favor y sólo consiguió siete.
La bancada del Partido Liberal votó encontra y eso determinó que el proyecto no prosperara.
Qué decía el proyecto
Le abría las puertas a que servidores públicos desde el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, gobernadores y alcaldes, entre otros, puedan participar en campañas políticas, algo que hoy les es prohibido según el artículo 127 de la Constitución.
Juan Carlos Rizzeto, autor del proyecto, decía que el ejercicio del gobierno, por naturaleza, “tiene una dimensión política que no se puede desconocer”.
Los 10 artículos de la iniciativa, además, definían las actividades en las que los funcionarios podían participar, tales como preparar propuestas de campaña, asistir a discusiones o actos políticos e inscribirse abiertamente como miembros de partidos políticos y participar de sus decisiones.
La iniciativa pretendía blindar estas posibilidades al señalar que los mandatarios locales o nacionales podrán participar de estas actividades dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.
CMI LA NOTICIA
JUDICATURA NIEGA 'CARRUSEL' DE PENSIONES EN LA CORPORACIÓN
'Ante la renuncia de algunos funcionarios, nos hemos visto en la necesidad de nombrar sus reemplazos': magistrado Henry Villarraga.
El Consejo Superior de la Judicatura respondió a las denuncias de la Contraloría General, sobre las supuestas irregularidades encontradas en el nombramiento de funcionarios, en lo que ha sido denominado como el “carrusel” de las pensiones.
El presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, aseguró que se quiere estigmatizar a la corporación, cuando son otros Tribunales los que autorizan las cuantiosas pensiones por vía de tutela.
“En ninguno de los casos por uno, dos o tres meses que se nombre a los funcionarios, tendrían derecho a una pensión. Nosotros no tenemos la culpa de que en otras instancias, como el contencioso administrativo o la Corte Constitucional, se aprueben esas pensiones”, indicó el jurista.
El magistrado afirmó que se ven obligados a nombrar nuevos funcionarios debido a la renuncia por exceso de trabajo de quienes estaban en esos cargos.
“Lo que ha pasado es que la mayoría de estos funcionarios han renunciado porque no aguantan el ritmo de trabajo, y nosotros nos vemos en la necesidad de nombrar sus reemplazos, pero puedo garantizar que son personas que cumplen con todos los requisitos que se necesitan para desempeñar los diferentes cargos”, añadió Villarraga.
Henry Villarraga agregó que no existe ninguna irregularidad en los nombramientos que se han hecho, y que tal vez la Contraloría no ha recibido información completa.
“Está equivocada la señota contralora. Yo creo que lo que ha pasado es que no le han hecho llegar la información completa, los papeles completos de lo que ha ocurrido”, indicó el magistrado.
La Contraloría General investiga a los magistrados de la Judicatura Julia Emma Garzón, y Luis Alfredo Escobar, por haber nombrado en sus despachos a familiares, y además investiga posibles irregularidades en el nombramiento de nuevos empleados por solo uno, dos o tres meses, al parecer para que lograran pensionarse con sueldos altos.